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Procesos de familia derivados de Violencia de género: competencia judicial, custodia de los hijos, régimen de visitas y prueba.

La violencia sobre la mujer plantea importantes cuestiones jurídicas cuando existen hijos menores y resulta necesario determinar la guarda y custodia, establecer un régimen de visitas, fijar una pensión de alimentos o modificar las medidas familiares previamente acordadas. En estos procedimientos, la protección de la víctima y de los menores debe conjugarse con las garantías procesales, la valoración de las circunstancias concretas de cada familia y el respeto al interés superior del menor.

La intervención de los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer, también puede modificar el curso de los procedimientos civiles en marcha, lo que obliga a conocer las reglas de competencia judicial y sus consecuencias prácticas.

En este artículo analizamos las principales cuestiones procesales y sustantivas que aparecen en los procedimientos de familia relacionados con la violencia sobre la mujer, siguiendo un enfoque práctico basado en la normativa y la jurisprudencia examinadas. Si te encuentras en un caso parecido, nuestros abogados especialistas en violencia de género en Sevilla podrían ayudarte. Pregunta por los precios de las consultas.


1. El artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil: la competencia de los órganos especializados en violencia sobre la mujer.

Una de las primeras cuestiones que deben analizarse cuando se inicia un procedimiento de divorcio, separación, medidas paterno-filiales o modificación de medidas es determinar qué órgano judicial debe conocer del asunto cuando existen indicios o actuaciones penales relacionadas con la violencia sobre la mujer. El artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula la inhibición del órgano civil que conoce inicialmente del procedimiento, cuando tiene noticia de un acto de violencia de género que ha dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a la adopción de una orden de protección.

Art. 49.1. LEC: “Cuando un juzgado, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 7 del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al juez de violencia sobre la mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado materialmente la vista o comparecencia del procedimiento civil contencioso o de jurisdicción voluntaria”.

En este mismo orden de cosas, el artículo 775.1 de la LEC establece que: “El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas”.

La aplicación de este precepto exige comprobar que concurren los requisitos legales para atribuir la competencia al órgano especializado en violencia sobre la mujer. No basta, por tanto, con examinar aisladamente la existencia de un conflicto entre los progenitores: es necesario atender a las circunstancias subjetivas, objetivas y procesales que determinan la competencia.

La finalidad del artículo 49 bis LEC responde a tres cuestiones fundamentales:

  • Delimitación competencial: determinar cuándo debe conocer del asunto el órgano especializado en violencia sobre la mujer y cuándo corresponde al órgano civil de familia.
  • Integración jurisprudencial: completar las insuficiencias o dudas que pueden surgir de la aplicación de la normativa mediante los criterios establecidos por los tribunales.
  • Protección de los menores: analizar si la atribución de competencia al órgano especializado contribuye a mejorar la protección de los hijos e hijas en contextos de violencia sobre la mujer.

Esta última cuestión tiene especial relevancia cuando los menores han presenciado o sufrido episodios de violencia, o cuando la situación de riesgo familiar puede afectar a su estabilidad emocional y a su desarrollo.

A) La inhibición del órgano civil y la modificación de medidas.

El artículo 49 bis LEC contempla el deber de inhibición cuando un órgano judicial civil que conoce en primera instancia de un procedimiento tiene noticia de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, siempre que se haya iniciado un proceso penal o se haya adoptado una orden de protección y concurran los restantes requisitos legales. La regla general es la remisión de las actuaciones al órgano especializado competente, en el estado en que se encuentren. Sin embargo, el precepto contempla una excepción relevante: que haya comenzado materialmente la vista o comparecencia del procedimiento civil contencioso o de jurisdicción voluntaria. Esta excepción obliga a distinguir entre la mera tramitación del procedimiento y el inicio material de la vista. La cuestión no es puramente formal, porque puede determinar qué órgano judicial debe continuar conociendo de la controversia familiar.

En materia de modificación de medidas, el artículo 775.1 LEC establece, como regla de referencia, que el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, y en todo caso los cónyuges, pueden solicitar al tribunal que acordó las medidas definitivas su modificación.

La interacción entre ambos preceptos plantea un conflicto: mientras el artículo 775 LEC apunta al órgano que acordó las medidas definitivas, las normas de competencia especializada pueden determinar que el asunto corresponda al órgano de violencia sobre la mujer.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 130/2022, aborda la necesidad de interpretar las normas procesales atendiendo a las circunstancias concretas y sin aplicar de forma excesivamente rígida determinados requisitos formales. Por ello, antes de presentar una demanda de modificación de medidas, resulta fundamental comprobar tanto el órgano que dictó las medidas originales como la situación procesal de las actuaciones penales relacionadas con la violencia.

B) Los requisitos para atribuir la competencia al órgano especializado de Violencia de género.

La determinación de la competencia exige examinar tres criterios.

  •  Criterio subjetivo:

Debe comprobarse la relación entre las personas afectadas y la concurrencia de los presupuestos subjetivos previstos legalmente.

  • Criterio objetivo:

Es necesario comprobar que la materia civil de la que se trate está comprendida dentro de las competencias atribuidas al órgano especializado por el artículo 89 LOPJ. Esta comprobación puede suscitar dudas en asuntos específicos, como determinadas controversias sobre relaciones con los abuelos o impugnaciones de medidas administrativas de desamparo.

  • Criterio relativo a la actividad procesal:

Debe existir el presupuesto procesal requerido para la atribución de competencia, como la iniciación del proceso penal o la adopción de medidas de protección. El análisis comprende la ratificación de las medidas previstas en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y las medidas civiles contempladas en los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica 1/2004.

El cumplimiento de estos requisitos debe examinarse conjuntamente. Una correcta determinación del órgano competente evita incidencias procesales así como largas esperas de años, y permite que las medidas familiares se adopten dentro del marco jurisdiccional correspondiente.

C) ¿Qué ocurre cuando el órgano civil conoce de una posible situación de violencia sin que exista un procedimiento previo?

Cuando el órgano civil tiene noticia de una posible situación de violencia, pero todavía no existe un procedimiento penal previo, se contempla la citación inmediata de las partes y del Ministerio Fiscal, a fin de que se valore la situación y el Ministerio Fiscal decida sobre la posible denuncia o la solicitud de una orden de protección.

La intervención inicial del órgano civil se concibe como una garantía de actuación ante una posible situación de riesgo. La Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2022, valora en relación con la posición del juez ordinario, la necesidad de dar respuesta judicial a las circunstancias que se ponen en su conocimiento. Desde una perspectiva práctica, la existencia de una posible situación de violencia obliga a analizar no solo las medidas civiles solicitadas, sino también si resulta necesaria la adopción de medidas de protección y qué órgano debe intervenir.

D) La importancia del momento procesal en que se conoce la violencia.

El momento en el que se conoce la existencia de hechos de violencia puede ser determinante para la competencia judicial. Si el órgano civil tiene conocimiento de los hechos antes de que comience materialmente la vista y concurren los requisitos legales, deberá examinar la procedencia de la inhibición. Por el contrario, si la vista ya ha comenzado, entra en juego la excepción prevista en el artículo 49 bis LEC.

La cuestión exige prestar especial atención a la secuencia de actuaciones procesales: presentación de la demanda, conocimiento de los hechos, inicio de las actuaciones penales y comienzo de la vista. No debe confundirse, por tanto, la mera existencia de una demanda civil con la celebración efectiva de la vista. La determinación del momento procesal puede ser relevante para decidir si procede remitir las actuaciones al órgano especializado.

El Convenio de 2011 (ratificado en 2014) amplía el concepto de violencia de género más allá de los delitos tradicionales. También se contempla en estos supuestos hijos como víctimas directas del maltrato, inclusión de otros tipos de violencia (institucional, obstétrica, etc), así como el reconocimiento de la violencia económica (STS 239/21 de 17 de marzo).

E) El sobreseimiento provisional, el archivo firme y el retorno de la competencia civil.

Uno de los problemas más relevantes es determinar qué ocurre con la competencia civil cuando desaparece, o parece desaparecer, el fundamento penal que justificó la intervención del órgano especializado. La cuestión adquiere especial importancia en los procedimientos de modificación de medidas, porque el artículo 775 LEC y el artículo 89 LOPJ responden a criterios competenciales que deben coordinarse.

La doctrina jurisprudencial analizada, con referencia a los autos del Tribunal Supremo de 27 de junio y 28 de septiembre de 2016, a la Consulta 76/2016 de la Fiscalía General del Estado y al auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22.ª, de 22 de enero de 2016, aborda la relación entre la competencia inicialmente atribuida y la situación posterior del procedimiento penal. Así conviene distinguir tres escenarios:

  • Procedimiento penal en trámite: mientras la causa penal permanece abierta y concurren los requisitos legales de competencia, el asunto civil puede corresponder al órgano especializado en violencia sobre la mujer.
  • Sobreseimiento provisional: en este caso se plantean una serie de dificultades que presenta esta situación, puesto que el procedimiento penal no ha finalizado de forma firme, aunque pueda discutirse si persisten los presupuestos para mantener la competencia especializada.
  • Sobreseimiento definitivo, resolución penal firme absolutoria o cumplimiento íntegro de pena: retorno de la competencia al órgano civil ordinario cuando se ha extinguido de forma firme el fundamento que justificaba la especialidad, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales expuestos en el curso.

La dificultad radica en que el artículo 49 bis LEC regula de manera expresa la remisión del asunto al órgano especializado, pero no desarrolla con la misma claridad el procedimiento de retorno al órgano de familia cuando se produce una absolución o un archivo firme. Esta falta de regulación específica puede generar situaciones en las que el procedimiento civil permanezca en un órgano especializado pese a haber desaparecido el fundamento penal que motivó su intervención como por ejemplo las implicaciones registrales de la situación, especialmente cuando las resoluciones civiles siguen identificando al órgano de violencia como órgano ordenante pese a una absolución firme.

La conclusión práctica es clara: en los procedimientos de modificación de medidas no basta con comprobar dónde se dictó la resolución inicial. También es necesario examinar la situación actual de las actuaciones penales y los criterios que determinan la competencia objetiva.


2. Guarda y custodia compartida y violencia sobre la mujer: el artículo 92.7 del Código Civil.

La guarda y custodia de los hijos menores constituye una de las cuestiones más delicadas de los procedimientos de familia relacionados con la violencia sobre la mujer. El artículo 92.7 del Código Civil establece una limitación legal a la guarda conjunta en determinados supuestos en los que uno de los progenitores está incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad o la libertad del otro progenitor o de los hijos, así como en los restantes supuestos contemplados en el precepto.

El artículo 92.7 del Código Civil dispone lo siguiente: “No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas“.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2022 (cuestión de Inconstitucionalidad núm. 4701-2020) aborda esta asunto desde el punto de vista constitucional, y expone el conflicto entre la aplicación literal de la norma y la necesidad de atender a las circunstancias particulares de los menores.

El supuesto analizado procedía de un procedimiento de divorcio contencioso tramitado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Jerez de la Frontera. Existía una orden de protección a favor de la madre, con prohibiciones de aproximación y comunicación contra el padre. Ambos progenitores estaban investigados por delitos de distinta gravedad y, pese a ello, manifestaron su acuerdo para solicitar una guarda y custodia compartida semanal porque consideraban que era lo mejor para sus hijos. El Ministerio Fiscal se opuso a esa pretensión al entender que el artículo 92.7 CC impedía taxativamente la custodia conjunta.

La cuestión jurídica consistía en determinar si la aplicación de la prohibición legal podía impedir al juez valorar las circunstancias particulares del caso y el interés superior de los menores. El órgano judicial tomó en consideración que los menores deseaban mantener ese régimen y que el deterioro de la relación entre los progenitores no parecía haberles afectado negativamente. En este contexto, y con apoyo en las STS de 7 de junio de 2013 y 4 de febrero de 2016, recurso 3016/2014 (recurso 3016/2014), entiende proporcionada la importancia de valorar las relaciones entre los progenitores y la necesidad de que exista un marco de respeto mutuo y conductas que beneficien a los hijos.

La controversia exige ponderar distintos derechos e intereses constitucionales:

  • El artículo 39 de la Constitución Española, relativo a la protección integral de los hijos y al interés superior del menor.
  • El artículo 10.1 CE, sobre la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
  • El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La cuestión no se limita a determinar si los progenitores desean un régimen de custodia compartida, si no que es necesario analizar si la decisión judicial puede adoptarse respetando las restricciones legales y garantizando la protección efectiva de los menores. El juicio de relevancia constitucional, conforme al artículo 35 LOTC, exige que la validez de la norma cuestionada sea determinante para resolver el procedimiento. No es suficiente con que el precepto resulte aplicable: su validez debe condicionar efectivamente el sentido de la decisión judicial.

El artículo 544 ter LECrim contempla la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del investigado respecto de los menores cuando existan indicios fundados de que estos han presenciado, sufrido o convivido con la violencia. También prevé la posibilidad de no acordar la suspensión, mediante resolución motivada, atendiendo al interés superior del menor y previa valoración de las circunstancias previstas legalmente.

La existencia de indicios fundados debe examinarse a partir de la actividad investigadora y de las circunstancias concretas. Asimismo, recoge la importancia de distinguir entre la regla general de suspensión y la posibilidad excepcional de no acordarla mediante una resolución judicial debidamente motivada. No obstante, la existencia de una orden de protección puede generar dificultades prácticas para articular un régimen de custodia compartida que requiera comunicación entre los progenitores. Por ello, la decisión sobre la custodia no puede separarse de las medidas penales y civiles que estén vigentes.


3. La doctrina constitucional sobre el régimen de visitas.

En materia constitucional sobre el régimen de visitas, tiene relevancia la sentencia del Tribunal Constitucional 106/2022, de 13 de septiembre. En dicha sentencia, se recogen tres criterios esenciales de la doctrina constitucional:

  • Protección del interés superior del menor. La STC 120/1984 se cita en relación con la relevancia de la protección de los menores en la actuación judicial.
  • Las visitas como derecho del menor. La STC 176/2008, de 22 de diciembre, destaca que el régimen de visitas debe contemplarse, en última instancia, desde la perspectiva del interés del menor.
  • Motivación de la decisión judicial. La resolución debe expresar el juicio de ponderación realizado, identificar los intereses en conflicto y permitir que la decisión pueda ser revisada en ulteriores instancias, conforme a la doctrina recogida en la STC 176/2008 (FJ 6º).

La exigencia de motivación adquiere especial importancia cuando se acuerda mantener, limitar o suspender las visitas en un contexto de violencia sobre la mujer. No basta con invocar genéricamente el interés superior del menor: es necesario explicar qué circunstancias se han considerado, qué riesgos se han valorado y por qué la medida acordada resulta adecuada.

A sensu contrario, se abordan los argumentos relativos a la inexistencia de vulneraciones constitucionales, destacando la relevancia de la condición procesal del progenitor investigado y la posibilidad de que el juez civil valore los indicios que resulten de las actuaciones. Asimismo, recoge el voto particular concurrente de las magistradas y magistrados María Luisa Balaguer, José Antonio Xiol Ríos e Inmaculada Montalbán, que plantean una reflexión sobre la interpretación constitucional desde la perspectiva de género y la protección de los hijos e hijas. La cuestión central es cómo garantizar que la aplicación de las normas sobre custodia y visitas tenga en cuenta las consecuencias de la violencia sobre los menores, sin perder de vista las exigencias de motivación, valoración individualizada y tutela judicial efectiva.

A) El régimen de visitas en contextos de violencia: análisis del artículo 94 del Código Civil.

La determinación del régimen de visitas requiere un examen específico cuando existen antecedentes de violencia sobre la mujer o indicios de riesgo para los hijos. El artículo 94 CC regula las relaciones entre los progenitores y los hijos menores, y contempla limitaciones o suspensiones del régimen de visitas en determinadas circunstancias. Su aplicación debe coordinarse con las medidas penales vigentes y con el interés superior del menor. Es de vital importancia valorar el riesgo real, los antecedentes de violencia, las características personales del progenitor y las necesidades concretas de los menores.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1251/2025, aborda la cuestión de las visitas progresivas y valoración del riesgo. Se trata de un supuesto relativo a un procedimiento iniciado por una madre que solicitaba la regulación de las relaciones paterno-filiales respecto de un hijo menor. La demanda incluía una pensión de alimentos de 350 euros mensuales, la contribución de ambos progenitores al 50 % de los gastos extraordinarios y la suspensión total del régimen de visitas a favor del padre.

En primera instancia se atribuyó la guarda y custodia a la madre, se fijaron alimentos de 350 euros mensuales actualizables conforme al IPC y se denegó inicialmente el régimen de visitas, atendiendo a las circunstancias examinadas en el procedimiento. La Audiencia Provincial de Toledo modificó parcialmente la resolución, redujo la pensión de alimentos a 200 euros mensuales y estableció un régimen progresivo de visitas en un punto de encuentro familiar. Para ello, consideró que no existía prueba concluyente de que los antecedentes penales del progenitor incidieran negativamente en la relación con el menor.

La controversia posterior puso de relieve la necesidad de valorar de forma completa las circunstancias de violencia denunciadas, los antecedentes, el consumo admitido de estupefacientes y la situación real de riesgo para el niño. En la resolución se destaca la relevancia de los episodios previos denunciados en Fuenlabrada e Illescas, así como la referencia a la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el asunto Ángela González Carreño. La resolución analizada conduce a una conclusión práctica: el establecimiento de visitas progresivas no puede apoyarse exclusivamente en la conveniencia abstracta de preservar la relación paterno-filial. Debe existir una valoración judicial suficiente de los riesgos y de las circunstancias del caso.

El interés superior del menor constituye un principio de orden público familiar y limita la autonomía de los progenitores para decidir sobre las medidas que afectan a sus hijos. Se relaciona este principio con los artículos 2.2.d) y e) de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. En los procedimientos de familia, la decisión no puede basarse únicamente en el acuerdo de los progenitores ni en sus intereses individuales. Debe atender a las necesidades de los menores, a su seguridad y a las circunstancias que permitan determinar qué medida resulta más adecuada.

Esta perspectiva explica la importancia de la flexibilidad procesal en los procedimientos familiares: cuando aparecen datos nuevos y relevantes, el órgano judicial debe poder valorarlos para adoptar una decisión ajustada a la situación real del menor.

B) La STS 129/2024: suspensión de visitas y riesgo para la menor.

Otro de los relevantes es la Sentencia del Tribunal Supremo 129/2024, relativo a una controversia sobre la custodia y el régimen de visitas de una menor en un contexto de violencia familiar. La progenitora custodia solicitaba la ratificación de las medidas de protección y la suspensión definitiva de las visitas, alegando la existencia de un riesgo real para la niña. El otro progenitor, condenado previamente por lesiones, solicitaba un régimen de visitas normalizado.

En primera instancia se atribuyeron a la madre la guarda y custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad, y se acordó la suspensión total de las visitas del padre, además de fijarse una pensión alimenticia de 100 euros mensuales. Entre las circunstancias examinadas figuraban los antecedentes penales del progenitor, sus dificultades de control de impulsos, episodios de ira y determinadas conductas observadas respecto de la menor. El informe del equipo psicosocial concluyó que no resultaba adecuado establecer un régimen normalizado de visitas.

La Audiencia Provincial de Almería flexibilizó posteriormente el régimen, al considerar que la intervención del punto de encuentro familiar permitía reducir el riesgo, y estableció visitas de cinco horas cada quince días.

El análisis del Tribunal Supremo destaca que el punto de encuentro no elimina automáticamente los riesgos. Es necesario examinar si el progenitor cuenta con las habilidades mínimas para atender a la menor, si existe una situación de riesgo derivada de su conducta y si las medidas propuestas ofrecen garantías suficientes. Entre los elementos valorados se encontraban el desinterés parental durante los cuatro años anteriores a la demanda, las dificultades de control de impulsos, los episodios de agresividad y el informe pericial desfavorable respecto de las capacidades parentales.

La conclusión que se desprende del análisis es especialmente relevante: no debe utilizarse al menor como instrumento de ensayo y error cuando existe un riesgo cierto para su integridad o estabilidad emocional. El establecimiento de visitas progresivas exige una justificación suficiente y un control judicial efectivo. La intervención de profesionales puede resultar relevante, pero no sustituye la responsabilidad del órgano judicial de valorar las circunstancias y decidir qué medida procede.

C) Los menores como víctimas de la violencia sobre la mujer.

La violencia ejercida contra uno de los progenitores puede afectar directamente a los derechos y al bienestar emocional de los hijos, incluso cuando la agresión no se dirige físicamente contra ellos. El artículo 1.4 de la Ley Orgánica 1/2004 se relaciona con el reconocimiento de los menores como víctimas de la violencia de género. La exposición a episodios violentos puede alterar su estabilidad emocional y los mecanismos de seguridad asociados a sus figuras de referencia.

En este contexto, la STS 625/2022, de 26 de septiembre, sienta criterios para la suspensión del régimen de visitas a partir de diversos factores:

  • La existencia de episodios violentos.
  • Las características de la personalidad del progenitor demandado.
  • El desinterés parental.
  • La falta de madurez de la menor para asumir determinadas relaciones.
  • La prevalencia del interés superior de la niña.

Cuando existe un conflicto entre el mantenimiento de la relación paterno-filial y la protección de la integridad del menor, la decisión debe basarse en una ponderación individualizada de los derechos en juego y de los riesgos acreditados. El vínculo biológico no elimina la necesidad de comprobar si el régimen de visitas resulta compatible con la seguridad del menor.

D) La STS 156/2025: custodia, violencia previa y valoración conjunta de las circunstancias familiares.

La STS 156/2025, permite profundizar en una cuestión fundamental: la condena de uno de los progenitores por un delito relacionado con la violencia sobre la mujer debe ser considerada en la valoración de la custodia, pero la decisión judicial exige examinar también el conjunto de circunstancias que afectan a los menores.

El supuesto analizado se refiere a una controversia en la que la progenitora no custodia recurrió una decisión que había atribuido la guarda y custodia de los hijos al progenitor condenado por un delito relacionado con la violencia sobre la mujer. En el procedimiento se valoraron, entre otros aspectos, las manifestaciones de la hija menor, que expresaba mantener vínculos con ambos progenitores y mostraba preferencia por vivir con su padre. También se examinaron las condiciones de vivienda de cada progenitor, su situación económica, su disponibilidad horaria, la atención a las necesidades escolares y sanitarias de los menores y la existencia de apoyos familiares y sociales.

El informe psicosocial tuvo una especial relevancia en la resolución de la controversia. Se realizaron entrevistas, visitas domiciliarias y comprobaciones relacionadas con el entorno escolar de los menores. La valoración pericial se orientó a determinar qué entorno resultaba más favorable para los hijos y qué factores podían incidir en su bienestar.

La apreciación de los informes periciales debe realizarse conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con el artículo 348 LEC, y teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas aportadas (STS 482/2018, de 23 de julio, y de 25 de septiembre de 2015, en relación con la valoración de los dictámenes periciales). Por ello, el informe psicosocial no debe examinarse de forma aislada ni convertirse automáticamente en el único fundamento de la decisión. Su contenido debe contrastarse con los restantes elementos probatorios, las alegaciones de las partes y las circunstancias acreditadas en el procedimiento.

La existencia de una condena por lesiones en el ámbito familiar constituye un elemento relevante, pero su valoración debe situarse dentro del conjunto de circunstancias del caso. En el supuesto examinado, se habían producido determinados hechos en 2021, que posteriormente se suspendió la ejecución de la pena de prisión, que se extinguió la medida de alejamiento y que constaba el cumplimiento de un programa de formación para maltratadores impuesto como condición para la suspensión de la pena. Estos datos se analizan junto con la situación actual de los menores, las capacidades parentales y las condiciones de vida de ambos progenitores.

La cuestión no consiste en ignorar los antecedentes de violencia ni en atribuirles automáticamente un efecto idéntico en todos los casos. Se trata de valorar su alcance, su contexto y su incidencia sobre la seguridad y el bienestar de los hijos.

El artículo 752 LEC ocupa una posición central en este tipo de procedimientos, dada la importancia de los intereses en juego, debe ofrecerse a quienes tienen intereses legítimos una amplia oportunidad de formular alegaciones, aportar documentos y justificar sus pretensiones, con una menor rigidez formal y una aplicación limitada de la preclusión. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante cuando durante el procedimiento aparecen nuevos datos que pueden afectar al bienestar de los menores. Ahora bien, la incorporación de nuevas alegaciones o documentos debe respetar la contradicción procesal, dando traslado a la otra parte para que pueda conocerlos y pronunciarse sobre ellos. La finalidad de esta flexibilidad no es prescindir de las garantías procesales, sino permitir que la decisión judicial se adopte con información suficiente y actualizada.


4. La prueba en los procedimientos de familia derivados de violencia sobre la mujer.

La prueba es uno de los elementos determinantes de los procedimientos de familia relacionados con la violencia sobre la mujer. La existencia de antecedentes penales, denuncias, informes psicológicos, informes psicosociales, declaraciones testificales o documentación económica puede influir en la decisión sobre la custodia, las visitas, los alimentos y las restantes medidas familiares. Sin embargo, la relevancia de cada medio probatorio depende de su contenido, su fiabilidad, su relación con los hechos controvertidos y su valoración conjunta.

El artículo 752 LEC presenta particularidades relevantes en los procedimientos familiares en base a cuatro cuestiones:

  • La posibilidad de que el órgano judicial acuerde prueba de oficio.
  • La falta de vinculación absoluta del tribunal por la conformidad de las partes en las materias afectadas.
  • Las particularidades relativas a las respuestas evasivas o al silencio en el interrogatorio.
  • La valoración de la fuerza probatoria de los documentos públicos y privados.

La prueba de oficio, no obstante, tiene carácter subsidiario y no puede convertirse en una regla general aplicable indiscriminadamente a todos los procedimientos. El órgano judicial debe valorar las circunstancias de cada caso, sin perder de vista la posición procesal de las partes y la necesidad de preservar su imparcialidad. En los procedimientos de familia, la flexibilidad probatoria tiene como finalidad favorecer una decisión adecuada a las necesidades de los menores, no sustituir la actividad probatoria que corresponde a quienes formulan sus pretensiones.

A) El interrogatorio de las partes.

El interrogatorio debe prepararse teniendo en cuenta la naturaleza del procedimiento y la existencia de posibles situaciones de violencia. Es importante:

  • No perder de vista el escenario familiar y personal en el que se desarrolla el procedimiento.
  • Mantener un papel activo de las partes y del Ministerio Fiscal, evitando que la iniciativa judicial comprometa la imparcialidad.
  • Priorizar el bienestar emocional de los menores frente a una defensa exclusivamente centrada en los intereses económicos o individuales de los progenitores.
  • Extremar la cautela al formular preguntas relacionadas con procedimientos penales, atendiendo a la condición procesal de las personas afectadas.

La preparación del interrogatorio debe permitir esclarecer las circunstancias relevantes para la decisión familiar, evitando preguntas innecesarias o ajenas al objeto del procedimiento. Cuando existen actuaciones penales paralelas, también resulta necesario examinar cuidadosamente las preguntas que puedan afectar a la posición procesal de las personas investigadas o acusadas.

B) La prueba testifical y documental.

La prueba testifical puede resultar especialmente relevante para acreditar las circunstancias familiares, la conducta de los progenitores y la situación de los menores. Es recomendable prestar especial cautela a los testimonios de familiares, en relación con los artículos 376 y 377 LEC, evitando abusar de esta clase de prueba o atribuirle automáticamente una eficacia concluyente. Es útil por otro lado, la información procedente de pedagogos, profesores y profesionales que conocen la situación de los menores.

La documentación debe seleccionarse y organizarse atendiendo a su relación con los hechos controvertidos. En particular, cuando se discuten alimentos o cuestiones económicas, resulta importante filtrar la documentación patrimonial para que permita comprobar de forma clara los ingresos, gastos y circunstancias relevantes. La aportación indiscriminada de documentos no garantiza una mejor defensa, lo determinante es identificar qué hechos deben acreditarse y qué documentos permiten comprobarlos.

C) La exploración judicial de los menores.

La exploración de los menores constituye una diligencia especialmente delicada en los procedimientos de familia. El artículo 770.4 LEC exige atender a las condiciones idóneas para practicarla, de manera que la intervención judicial resulte compatible con las necesidades y circunstancias del menor. La STC 163/2009, trata esta materia en relación con la indefensión, la valoración de los informes y la ausencia de exploración, así como a la utilización de la Cámara Gesell en el ámbito civil.

La exploración no debe concebirse como un trámite puramente formal ni como un mecanismo para trasladar al menor la responsabilidad de decidir con quién desea vivir. Su finalidad debe situarse dentro de la valoración global de sus necesidades, su madurez y las circunstancias familiares, sin perjuicio de la importancia de garantizar el control de los informes y de los restantes medios de prueba.

D) La prueba pericial psicológica y psicosocial.

Los informes periciales pueden ser decisivos para valorar las capacidades parentales, la existencia de riesgos y la conveniencia de establecer, limitar o suspender las visitas. No obstante, la existencia de un informe no determina por sí sola el resultado del procedimiento. Es necesario examinar la cualificación del profesional, la metodología empleada, la fundamentación de sus conclusiones y su relación con los hechos concretos. Existen criterios subjetivos y criterios objetivos que el Juzgado tendrá que tener en cuenta.

Entre estos criterios subjetivos destacan:

  • La cualificación profesional y especialización del perito.
  • La existencia de posibles causas de imparcialidad o interés.
  • La proximidad del profesional a los hechos examinados.
  • La buena fe del perito.
  • El carácter detallado del informe.
  • La concordancia entre el contenido del dictamen y su objeto, evitando extralimitaciones y conclusiones jurídicas que no corresponden al ámbito técnico.
  • La firmeza y el convencimiento mostrados en la exposición.
  • Las explicaciones ofrecidas al responder a las preguntas y repreguntas.
  • La coincidencia o discrepancia con otros criterios técnicos relevantes.

En este sentido, es de suma importancia la STS 232/2022, de 14 de marzo, ya que constituye una referencia destacada en relación con la valoración de la prueba pericial por parte del Juez. La resolución subraya la obligación judicial de comprobar que los conocimientos científicos incorporados al procedimiento, como fundamento de los hechos, responden a criterios de validez, controlabilidad y refutabilidad empírica, además de contar con aceptación dentro de la comunidad técnico-científica correspondiente. De esta doctrina se desprende la necesidad de examinar:

  • Que las conclusiones científicas tengan un fundamento fáctico suficiente.
  • Que se utilicen principios y metodologías fiables.
  • Que la conclusión aplicada al caso pueda verificarse conforme a los procedimientos científicos empleados.

Este control resulta particularmente importante cuando un informe psicológico o psicosocial se utiliza para justificar que un progenitor carece de habilidades parentales, que existe un riesgo para el menor o que procede establecer un régimen de visitas determinado. Los informes estereotipados, las conclusiones insuficientemente justificadas o los dictámenes que no explican adecuadamente su metodología deben examinarse con especial cautela. La prueba pericial debe aportar información técnica útil para la decisión judicial, pero corresponde al tribunal valorar su consistencia y determinar su alcance dentro del conjunto de las actuaciones.


6. Conclusiones.

Los procedimientos de familia relacionados con la violencia sobre la mujer exigen una valoración conjunta de las normas procesales, las medidas civiles y penales vigentes, las circunstancias familiares y los medios de prueba disponibles. Por ello, este tipo de procedimientos requieren una estrategia jurídica que tenga en cuenta tanto las particularidades procesales como las necesidades reales de los hijos menores.

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La correcta elección del órgano judicial, la preparación de la prueba, la valoración de los informes técnicos y la fundamentación de las medidas solicitadas pueden resultar determinantes para la protección de los derechos e intereses en juego.

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