En Bufete de Abogados Giraldillo defendemos los derechos de nuestros clientes frente a cláusulas contractuales que pueden limitar injustificadamente sus derechos económicos. En este caso, una sentencia judicial declaró abusiva y nula una cláusula incluida en una hoja de encargo profesional que establecía que los honorarios abonados al abogado no serían reembolsables si el cliente decidía poner fin a la relación profesional antes de finalizar el trabajo.
El resultado fue favorable para nuestro cliente: el juzgado declaró la nulidad de la cláusula y condenó a la devolución de 2.779 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la sentencia.
El problema: una cláusula que impedía recuperar los honorarios abonados.
El conflicto surgió a raíz de la contratación de servicios jurídicos para la preparación de una querella penal. El cliente había abonado anticipadamente los honorarios correspondientes a la totalidad del procedimiento, pero decidió poner fin a la relación profesional, debido a la poca comunicación llevada a cabo y solicitó la devolución del dinero.
La hoja de encargo contenía una cláusula que establecía que, si el cliente renunciaba a la defensa letrada antes de finalizar el trabajo, la totalidad de los honorarios abonados no serían reembolsables.
Esta estipulación planteaba una cuestión jurídica relevante: ¿puede un profesional imponer una cláusula que le permita retener todas las cantidades pagadas, aunque el cliente decida resolver el contrato antes de que se haya completado el servicio contratado? Dependerá de como se encuentre redactada la cláusula.
La respuesta judicial fue que una cláusula de estas características puede ser abusiva cuando impone al consumidor una penalización desproporcionada y limita injustificadamente su derecho a poner fin a la relación contractual.
El cliente acudió a nuestro despacho, para cambiar de representación letrada, indicándonos que tenía un problema para la devolución de las cantidades, pues había pagado por la totalidad del procedimiento y sólo se hizo parte del mismo.
La estrategia jurídica: impugnar la cláusula abusiva y reclamar la devolución del dinero.
Después de muchas gestiones amistosas con la parte contrario, la reclamación se articuló mediante una demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla. La pretensión principal consistía en obtener la declaración de nulidad de la cláusula incluida en la hoja de encargo profesional y recuperar las cantidades que no correspondían a servicios efectivamente prestados. Aquéllas partidas que sí se realizaron, era obvio que no serían reembolsables.
La argumentación jurídica se centró, fundamentalmente, en la normativa sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios, así como en la doctrina jurisprudencial relativa a las cláusulas abusivas en los contratos de prestación de servicios jurídicos. En particular, se puso de relieve que la libertad contractual no permite establecer condiciones que generen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor.
La cuestión no consistía en negar que un abogado tenga derecho a cobrar por el trabajo realizado, sino en determinar si podía retener automáticamente la totalidad de los honorarios abonados por el mero hecho de que el cliente decidiera poner fin al encargo profesional.
La sentencia: nulidad de la cláusula por abusiva.
La Sentencia, resolvió el litigio estimando parcialmente la demanda. El juzgado consideró que la cláusula controvertida era abusiva y, por tanto, nula, al imponer una penalización al cliente que podía dificultar de forma desproporcionada la resolución unilateral del contrato. La resolución tomó en consideración la normativa de protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia sobre la necesidad de mantener un equilibrio real entre los derechos y obligaciones contractuales. Entre los precedentes examinados figuraba la doctrina del Tribunal Supremo sobre las cláusulas que restringen de manera injustificada la facultad del consumidor de poner fin a un contrato de prestación de servicios. La sentencia también valoró que la nulidad de la cláusula no implicaba que el profesional tuviera que renunciar a cobrar por todo el trabajo efectivamente realizado. Era necesario determinar qué honorarios correspondían a los servicios prestados hasta la finalización de la relación contractual.
El cliente había abonado inicialmente 4.235 euros, IVA incluido, por los honorarios correspondientes a la fase de instrucción. Sin embargo, el juzgado tuvo en cuenta que se había realizado parte del trabajo contratado, incluida la redacción de la querella, aunque esta no hubiera llegado a presentarse. Para determinar la cantidad que podía retenerse por los servicios prestados, la resolución valoró el trabajo efectivamente realizado, la naturaleza y complejidad del asunto, la dedicación requerida y los criterios orientadores de honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla que resultaban aplicables al caso.
De este modo, el juzgado fijó en 1.452 euros, IVA incluido, la remuneración correspondiente al trabajo realizado y condenó a devolver al cliente los 2.779 euros restantes. Además, la cantidad reconocida devengaría los intereses procesales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia. Por tanto, el resultado no consistió en obtener la devolución íntegra de lo abonado, sino en recuperar la parte que, conforme a la valoración judicial, no correspondía a servicios efectivamente prestados.

¿Qué consecuencias tiene esta sentencia para otros clientes?
Cuando se produce la finalización anticipada de una relación profesional, es necesario analizar las circunstancias concretas del contrato, los servicios efectivamente realizados y la justificación de las cantidades que el profesional pretende retener. En particular, puede ser conveniente estudiar jurídicamente situaciones como las siguientes:
- Honorarios no reembolsables: cuando la hoja de encargo establece que todo el dinero abonado se pierde si el cliente decide poner fin al contrato.
- Servicios parcialmente prestados: cuando el profesional ha realizado una parte del trabajo, pero pretende retener cantidades que podrían exceder de la remuneración correspondiente a esa actividad.
- Resolución anticipada del encargo: cuando el cliente decide cambiar de abogado y necesita determinar qué cantidades debe abonar y cuáles podría reclamar.
- Cláusulas contractuales desequilibradas: cuando las condiciones predispuestas por un profesional pueden limitar injustificadamente los derechos de un consumidor.
Ahora bien, no toda cláusula de honorarios no reembolsables es automáticamente nula, ni toda resolución anticipada da derecho a recuperar la totalidad de lo pagado. La viabilidad de una reclamación depende de la redacción contractual, de las circunstancias del caso y de la normativa aplicable.
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