En nuestro despacho hemos obtenido recientemente una victoria legal muy significativa: un tribunal ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para una de nuestras clientas. Este logro no solo representa un triunfo individual, sino también una evidencia poderosa de que, con la asesoría jurídica adecuada, es posible hacer valer derechos frente a la Seguridad Social.

La clienta ya venía de otro despacho de abogados, donde el Juzgado desestimó sus pretensiones y no le dieron la incapacidad permanente absoluta. Es entonces cuando acudió a nuestro despacho, desesperada, ya que verdaderamente, no podía trabajar. Fue entonces, cuando nuestro equipo de abogados, se pusieron manos a la obra.

Si te encuentras en una situación similar —si has sufrido una enfermedad o lesión crónica que te impide trabajar, si el INSS ha denegado o te ha concedido un grado de incapacidad inferior al que realmente necesitas—, este artículo puede servirte como guía, pero también como motivación. Te explicamos cómo actuamos, qué argumentos llevaron al éxito y cómo podemos ayudarte a hacer lo mismo.

¿Qué es la incapacidad permanente absoluta?

La incapacidad permanente absoluta es el grado más alto de protección dentro de las prestaciones por incapacidad de la Seguridad Social. Según la normativa, equivale a una situación en la que el trabajador ha quedado incapacitado para realizar cualquier profesión u oficio.

Esto la diferencia de otros grados:

Incapacidad permanente total: impide realizar tu profesión habitual, pero puedes trabajar en otra.
Gran invalidez: incluye las limitaciones de la absoluta, pero además requiere asistencia de otra persona para actos esenciales de la vida.

Reconocer la incapacidad absoluta implica que la persona tiene derecho a una pensión de la Seguridad Social sobre su base reguladora, con un grado muy significativo de protección.

¿Cómo fue nuestro caso?

Diagnóstico y preparación médica

Al abordar este asunto, lo primero que hicimos fue recopilar toda la documentación médica disponible: informes de especialistas, pruebas diagnósticas, historial clínico, tratamientos y evolución de las patologías que aquejaban a nuestra clienta. Además, solicitamos informes funcionales que recogieran cuánto sus limitaciones impedían un desempeño laboral realista.

Contar con peritos médicos fue fundamental: se elaboraron dictámenes profesionales detallados, capaces de explicar la gravedad de las lesiones o patologías y por qué estas no solo limitaban su trabajo habitual, sino que impedían cualquier tipo de actividad remunerada.

Reclamación administrativa previa

Nuestra estrategia incluyó presentar primero una reclamación previa ante el INSS, conforme al procedimiento legal. Este paso es obligatorio antes de ir a los juzgados.

En el escrito de reclamación, argumentamos de forma clara:

Qué grado de incapacidad solicitábamos (la absoluta).
Todas las limitaciones médicas, con datos objetivos.
Por qué la vida laboral de la clienta ya no podía sostenerse bajo las condiciones actuales.

Cuando la respuesta del INSS resultó desfavorable, cerramos esa fase administrativa y nos preparamos para litigar.

Demanda judicial

Presentamos la demanda ante el Juzgado de lo Social, en el plazo legal. Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, después de la reclamación previa uno tiene un plazo de 30 días hábiles para demandar si la resolución es negativa o hay silencio administrativo.

En la demanda, destacamos:

Los hechos (historial médico, limitaciones funcionales).
La normativa aplicable (el Real Decreto Legislativo que recoge los grados de incapacidad).
Argumentos periciales: los peritos médicos que sustentaban que no existía profesión viable para nuestra clienta.
Petición concreta: reconocimiento de incapacidad permanente absoluta y la pensión correspondiente con efectos retroactivos desde la fecha del primer dictamen negativo o de la presentación de la reclamación.

Proceso judicial y sentencia

Durante el juicio, pusimos en valor:

Las pruebas médicas más relevantes (informes, informes periciales).
La inviabilidad de cualquier trabajo, no solo por las limitaciones físicas, sino también funcionales.
El hecho de que la Seguridad Social había subestimado la situación.

Finalmente, el tribunal dictó sentencia a favor de nuestra clienta, reconociendo la incapacidad permanente absoluta. Se valoraron las limitaciones objetivas, se consideró que no era razonable exigir un “grado mínimo de rendimiento laboral”, y se otorgó la pensión correspondiente.

¿Por qué esta sentencia puede ayudarte si estás en una situación similar?

Es un ejemplo real de que no todo está perdido si te han denegado una incapacidad o te han asignado una de grado inferior.
La clave está en la preparación técnica: documentos médicos bien redactados, peritos competentes y una estrategia legal clara son fundamentales para convencer al juez.
Hay plazos importantes: desde la reclamación previa hasta la demanda, y luego el juicio. Si entiendes estos plazos, puedes moverte con más seguridad.
La asesoría especializada marca la diferencia: un abogado con experiencia en incapacidad permanente puede marcar la diferencia entre un fracaso administrativo y un triunfo en los tribunales.
Efectos económicos y de seguridad jurídica: una vez reconocida la incapacidad absoluta, la persona puede percibir una pensión, con efectos a veces retroactivos, lo que da estabilidad económica y legal.

Qué deberías hacer si crees que podrías optar a la incapacidad absoluta

Aquí te mostramos los pasos recomendados:

Recopila toda tu documentación médica: diagnósticos, informes, resultados de pruebas, tratamientos, ordénalos y conviértelos en PDF.
Solicita informes de limitaciones funcionales: son muy útiles para demostrar cómo tus patologías afectan tu capacidad laboral.
Consulta con un abogado especializado en derecho laboral y Seguridad Social: que tenga experiencia en sentencias similares.

Llamada a la acción

Si te encuentras en una situación parecida —te han denegado la incapacidad, o te han concedido un grado inferior, o simplemente no sabes si puedes solicitar la absoluta— contáctanos.

En nuestro despacho te ofrecemos:

Una consulta inicial para evaluar tus posibilidades.
Un análisis médico-jurídico de tu expediente.

No dejes que la Seguridad Social determine tu futuro sin luchar por tus derechos. Déjanos apoyarte para conseguir el reconocimiento que mereces.

Conclusión

El reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta no es solo un beneficio económico: es un derecho que puede cambiar la vida de aquellas personas cuyas enfermedades o lesiones les impiden trabajar. La sentencia favorable que obtuvimos para nuestra clienta demuestra que, con la asesoría adecuada y una estrategia bien articulada, es posible hacer valer ese derecho frente a la Seguridad Social.

Si estás en este camino, no desistas. Con información, apoyo legal y médico, puedes alcanzar resultados tan positivos como el que hemos conseguido. Te invitamos a contactarnos para dar el primer paso hacia la protección que te correspondería.

En nuestro despacho seguimos defendiendo casos como este, donde se vulneran derechos básicos. Si sospechas que tu situación podría ser similar, contacta con nosotros: te ayudaremos a hacer valer tus derechos contratando a nuestros abogados especialistas en Seguridad Social de Sevilla.

Consulta con nuestros abogados especialistas en Sevilla.